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Abraham Puche @AbrahamPuche77 / La “cibercensura” venezolana perjudica hasta a los que no usan internet

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela ha iniciado un proceso ilegítimo para violar aún más nuestra privacidad, en su afán de promover la autocensura y desinformación: nada más y nada menos que la “regulación” de nuestras redes sociales y lo que publicamos en ellas, una medida solo comparable con las tiranías más absolutistas del mundo y que hace palidecer las restricciones que desembocaron en la famosa “primavera árabe” (2010-2013).

Muchos pudieran suponer que dicha iniciativa afectará solo a quienes tenemos acceso a internet, muy en especial los periodistas que usamos tales plataformas tecnológicas para alertar al mundo sobre lo que calla la gran mayoría de los medios informativos convencionales de Venezuela (prensa escrita, radio y televisión), pero tan aseveración es inexacta porque entre los principales afectados destacan, paradójicamente, quienes no hace uso regular de la red. ¿Cómo es posible?

Precisamente, según CONATEL, alrededor del 39% de la población venezolana no tiene acceso a internet. Esto representa un segmento de la población bastante alto que solo puede encontrar información a través de los medios de comunicación tradicionales ya descritos, pero para nadie es un secreto que la gran mayoría está bajo el control directo del Gobierno, de personas altamente vinculadas al oficialismo (cuyos intereses políticos y económicos filtran la información) o, incluso, han caído en la autocensura para evitar sanciones administrativas.

Como alternativa a dicha limitación tecnológica, una buena parte de este 39% se informa “de segunda mano”, es decir, a través de otras personas que sí tienen acceso a internet, pero esa “secuencia informativa” (por decirlo de algún modo) suele desvirtuar, aminorar, tergiversar o atenuar el mensaje original, bien sea de forma intencional o no.

Por estas razones, es sumamente peligroso, nocivo y alarmante que el Gobierno venezolano promueva la censura informativa en las redes sociales, ya que además de atacar directamente el principio de libertad de expresión, mutila aún más las posibilidades de generarse una matriz de opinión sólida en aquellas personas que, de por sí, ya están en desventaja informativa por no tener acceso a internet. Además, es un atentado al derecho de nosotros los periodistas a ejercer nuestra profesión libremente, es decir, una violación directa al Derecho al Trabajo.

Vale recordar el paradigma de la Apropiación de las Redes Sociales, ampliamente analizada por la Dra. María Isabel Neuman, catedrática de la Universidad del Zulia, que establece que cada uno de nosotros se apropia o se “adueña” de las redes sociales para el empoderamiento personal y social. No es exagerado, entonces, que consideremos nuestras cuentas de redes sociales como una propiedad personal, incluso una extensión de nosotros mismos. Cada vez que decimos: “mi Facebook”, “mi Twitter”, “mi Instagram”, etcétera, no es nada exagerado: las redes sociales forman parte de nuestras vidas, por lo tanto, la nueva normativa de CONATEL es un atentado contra nosotros mismos.

“Libertad de expresión” no es “libertad de decir lo que se quiere”, como pretende hacer creer los voceros del gobierno venezolano, sino una verdadera fluidez comunicacional. Antonio Pasquali, reconocido teórico venezolano de la comunicación, señala: “Solo hay democracia allí donde los ciudadanos, informándose recíproca y libremente, generan a flujo continuo y sin impedimentos una genuina opinión pública, autorregulada y no manipulada, pluralista y contralora de los vicariales poderes públicos” (Artículo “Comunicación y poder”, enero de 2015).

El reglamento que ahora pretende ejecutar CONATEL para “regular” el uso de las redes sociales es otra violación flagrante a nuestro ejercicio comunicacional para expresar libremente nuestros pensamientos. Alguien pudiera decir: “¡Pero es que en las redes sociales se puede decir cualquier barbaridad, incitar al odio y romper del hilo constitucional! ¡El Gobierno debe vigilar que haya orden y paz!”, pero como bien señala Pasquali, no necesitamos un ente externo que controle lo que decimos, ya que en un sistema verdaderamente democrático hay garantías suficientes para que la comunicación se autorregule y se controle cualquier eventual abuso o difusión de ideas contrarias a la ley y al sentido común, inclusive.

Ante una sociedad regida por una cúpula de poder que no se conforma con controlar a la mayoría de los medios informativos tradicionales sino que también pretende entrar hasta nuestro espacio personal

En definitiva, una censura informativa promovida por el Gobierno venezolano, además de violar los Derechos Humanos, representa un abuso del poder estatal, atenta contra nuestra intimidad, lesiona el derecho a la información y resta bases a una opinión pública sólida, muy en especial entre quienes no poseen acceso a internet, que hasta ahora es la única fuente informativa relativamente libre que hay en Venezuela.

Abraham Puche

CNP. 12.106

@AbrahamPuche77

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