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El arzobispo de Valencia, Reinaldo Del Prette, reclamó por el atropello sufrido por cinco religiosas de una residencia en Guaparo

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana exigió al gobierno que “cese la cacería de brujas” contra aquellos que piensan distinto.

En un comunicado firmado por su presidente, monseñor Roberto Lückert León, y el vicario general, Saúl Ron Braasch, señala que al analizar la situación de los presos políticos y comunes se evidencian “tratos crueles e inhumanos en las detenciones, en los traslados y en los mismos centros de reclusión, infraestructuras antihigiénicas, alimentación precaria, falta de medicamentos, ausencia de asistencia jurídica, fallas en el debido proceso, trabas en las visitas a sus familiares y falta de asistencia médica”.

La instancia eclesial exige al gobierno que cumpla con la garantía de los derechos fundamentales, que “cese la cacería de brujas contra los ciudadanos que piensan distinto al régimen” y que “se le informe a la familia del general Raúl Isaías Baduel su paradero y estado de salud”.

También recordó al Estado “la responsabilidad que deriva del incumplimiento en la garantía de estos derechos que son universales y las acciones penales consecuentes son imprescriptibles”, por lo cual esta comisión exige “el cese de la persecución, la tortura física y psicológica que traduce saña y violencia contra estos ciudadanos”.

Atropello

El arzobispo de Valencia, monseñor Reinaldo Del Prette, denunció el allanamiento ilegal que ejecutó el Servicio Bolivariano de Inteligencia el lunes pasado en la residencia universitaria Cristo Rey, en la urbanización Guaparo. El centro estudiantil ha sido dirigido por la comunidad religiosa Hijas de Cristo Rey por más de 50 años.

“A las 12:30 am irrumpieron violenta y atropelladamente unos 30 hombres y una mujer, presuntamente miembros de ese cuerpo de seguridad del Estado”, indicó el prelado en una carta dirigida a José Meléndez, comisario jefe del Sebin en Valencia.

Explicó que la “residencia ha sido el hogar de muchas jóvenes universitarias que, desde los distintos estados del país e incluso del extranjero, han venido a realizar sus estudios universitarios en las casas de estudio de nuestra ciudad”.

Del Prette consideró la irrupción –que fue hecha sin ninguna orden judicial– como un atropello y que los funcionarios demostraron “poca inteligencia y falta de sindéresis”.

Aseguró que en la residencia lo que había eran cinco religiosas mayores que aún están angustiadas: “Todavía al día de hoy están alteradas en su estado de ánimo”.

Pidió que los equipos que fueron decomisados “sean devueltos en muy corto tiempo a la residencia de donde fueron retirados”: un grabador de video digital, una computadora perteneciente a las religiosas, el disco duro que estaba en la recepción y un router.

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